lunes, 28 de marzo de 2011

Parlamentarios responsabilizan a ministerio en quiebra de operador de Transantiago

Macarena Scheuch
Zona_B transantiago
La declaración de quiebra de Gran Santiago provocó reacciones entre senadores y diputados oficialistas y opositores: la senadora Soledad Alvear y el dipùtado Gustavo Hasbún cuestionaron que el ministerio de Transportes haya entregado la concesión a la firma: "No se entiende la actitud que ha tenido el ministerio de seguir entregando nuevas mallas de recorridos a empresas poco solventes", dijeron. Mientras, los trabajadores se mantienen alerta.
Diversas reacciones generó la declaración de quiebra de Buses Gran Santiago. La operadora de Transantiago, que presta servicios en siete comunas de la zona norte de la capital, solicitó el miércoles su quiebra en tribunales, luego de cerrar el año 2010 con una pérdida operacional de más de $6 mil millones en sus resultados operacionales y una deuda que creció 59% en un año, alcanzado más de $41 mil millones.
Al parecer los problemas financieros se arrastraban desde los tiempos en que el ex dirigente de los microbuseros, Manuel Navarrete, controlaba la empresa, que luego traspasó a sus actuales dueños precisamente para evitar una quiebra a fines de 2008.
La operadora del transporte público cuenta con 2.794 empleados y sus 463 máquinas alimentadoras abarcan en la zona B las comunas de Independencia, Quinta Normal, Huechuraba, Quilicura, Recoleta, Conchalí y Renca; y en la zona H, las comunas de Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, San Miguel y Lo Espejo.
Según se ha informado, la empresa continuaría prestando sus servicios hasta que el síndico que sea nombrado para su caso determine la quiebra o la continuidad de giro del operador, y las autoridades de Transportes ya habrían elaborado un plan de contingencia.
El presidente de la comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, el UDI Gustavo Hasbún, enfatizó que la situación le parece grave y aseguró que hay responsabilidad del ministerio de Transportes: “Más que se haya declarado en quiebra, es grave que el año pasado, cuando quebró Transaraucaria y tuvimos un problema no menor en la región Metropolitana, le hayamos entregado la administración de esta zona a Gran Santiago y obviamente, una vez más, volvemos a tener los mismos problemas. No se entiende la actitud que ha tenido el ministerio de seguir entregando nuevas mallas de recorridos a empresas poco solventes e incorporar nuevas exigencias a los contratos, cuando no son capaces de solventarse teniendo solamente una zona”, dijo.
Por su parte, la senadora DC Soledad Alvear lamentó la situación y advirtió que las autoridades deben dar explicaciones: “Hacer la pregunta también al ministro de Transportes -al cual a través de la ley que aprobamos el año pasado se le dieron las facultades- de qué se está haciendo para controlar esto. Debemos recordar que parte de los recursos que obtienen estas empresas son con subsidios que ha debido otorgárseles, fruto de lo que ha ocurrido. Recién se aprobó una entrega de recursos presupuestarios con el compromiso de que debe haber control. Entonces la pregunta es qué pasó aquí”, señaló.
Soledad Alvear se mostró además preocupada por los pasajeros de las comunas afectadas y por los trabajadores de la empresa, tal como ocurrió luego de la declaración de quiebra de Transaraucaria, que derivó incluso en una huelga de hambre por parte de los choferes.
Precisamente el dirigente sindical de Gran Santiago, Waldo Yañez, señaló que los trabajadores se encuentran en estado de alerta: “Nos enteramos por la prensa de la petición de quiebra, nadie de la empresa nos ha comunicado eso. Estamos preocupados por la estabilidad laboral de los trabajadores. Estamos tranquilos porque la gente igual está trabajando normalmente y nosotros, personalmente, le hemos pedido que siga trabajando. Y preocupados por la situación que se viene. Necesitamos que el Estado se haga cargo de este asunto y vea cómo garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores”, indicó.
La principal preocupación, añadió Yañez, es el pago de imposiciones, puesto que a la mayoría se le adeuda más de seis meses por este concepto.
El dirigente sindical aseguró que han intentado comunicarse con el dueño de la empresa sin éxito, aunque sí lograron tener una reunión con el asesor del seremi de Transportes, quien les dejó en claro que su prioridad es garantizar el servicio a los pasajeros antes que la situación de los trabajadores.

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